Moncloa afloja el enchufe a los centros de datos

El 80 % hora a hora sigue en pie

La exigencia más discutida del borrador no desaparece. Según varios medios, el nuevo texto mantiene que el 80 % del consumo de cada centro de datos esté cubierto, hora a hora, por electricidad renovable producida en España en esa misma hora.

Cambia el calendario. El texto abriría una vía transitoria de cinco años como máximo para los centros que se adhieran al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). Según el diario digital elDiario.es, hasta el 31 de diciembre de 2028 les bastaría con un 60 % de renovable y solo en las horas punta, las de más consumo y más caras. Después el porcentaje subiría, aunque los medios no coinciden en el detalle.

No es una rebaja general, sino un intercambio. Según El Mundo, Red Eléctrica «podrá ordenarles reducir su carga a cero ante una contingencia e incluso desconectarlos sin indemnización». elDiario.es añade que esos centros «serán la primera tipología de instalaciones en ser desconectadas».

El Ejecutivo, según elDiario.es, quiere evitar que una avalancha de centros, con demanda plana y constante, agrave las horas punta y encarezca la luz.

Renovables más antiguas y contratos más cortos

El borrador de agosto exigía que la renovable vinculada a un centro de datos tuviera como mucho 18 meses de antigüedad. Según varios medios, el nuevo texto amplía ese margen a 36 meses antes de la puesta en marcha del centro. La fotovoltaica podría tener cualquier antigüedad, siempre que no tuviera ya contratos de compra de electricidad a largo plazo cuando entre en vigor la norma.

Con la excepción solar, según elDiario.es, se busca reducir los vertidos: la energía renovable que se desperdicia en las horas de más sol porque no hay demanda suficiente.

Según la prensa, los contratos de compra de energía a largo plazo (PPA) tendrían que durar al menos seis años (la tabla compara con el borrador). El almacenamiento con baterías entraría en el cómputo si la electricidad es de origen renovable.

Solo para los grandes: de 1 a 10 megavatios

Según varios medios, el umbral de potencia de acceso para la mayoría de las obligaciones sube de 1 a 10 megavatios: la norma se centra en las instalaciones grandes.

Los centros por encima de ese umbral seguirían obligados a consumir mayoritariamente energía renovable hasta que el conjunto de la electricidad española sea renovable en un 90 %, según RTVE y elDiario.es.

La eficiencia energética, con más margen

El borrador fijaba un PUE máximo transitorio de 1,15 hasta el etiquetado europeo, previsto para agosto de 2027 según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el departamento del Gobierno que tramita el decreto. Según RTVE, elDiario.es e Industry Talks, el nuevo texto eleva ese margen transitorio a 1,25.

Un PUE más alto es menos exigente, así que el cambio es una flexibilización: el indicador «se ha relajado ligeramente», resume elDiario.es.

Industry Talks, diario digital de la industria del Grupo Metalia, y El Periódico de la Ingeniería, medio digital especializado en ingeniería, precisan el alcance: el 1,25 valdría para determinadas instalaciones con contrato de acceso a la red formalizado antes de 2029, con ajustes según las zonas climáticas. Industry Talks sitúa su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

Soberanía digital, solo para los datos públicos más sensibles

El borrador exigía, entre otras cosas, operador establecido en la Unión Europea y datos operativos dentro de ella. Según El Mundo, el nuevo texto «suprime esas obligaciones generales y limita las restricciones a las instalaciones que alojen sistemas públicos de categoría alta del Esquema Nacional de Seguridad».

Incluso en ese caso, según el mismo diario, los metadatos y la telemetría podrían tratarse fuera, el Espacio Económico Europeo contaría como territorio válido y se permitiría el acceso remoto desde terceros países cuando sea «técnicamente imprescindible».

Borrador y nuevo texto, cara a cara

Los seis cambios principales frente al borrador de agosto. La columna del nuevo texto procede de la prensa, no de un documento oficial.

Gigafactorías de IA: por fases, no exentas

Según elDiario.es y el diario Ara, editado en Barcelona, el nuevo texto prevé un régimen específico para los centros que formen parte de iniciativas de la Unión Europea orientadas a la soberanía digital, como las gigafactorías de inteligencia artificial y los supercomputadores.

Ese régimen no es una exención. «Se les aplican con especialidades, por fases y durante un plazo limitado, tras el cual quedan sujetos al régimen general», dice el texto, según elDiario.es. Industry Talks y RTVE hablan de hasta 60 meses para poner en marcha el autoconsumo o la compra de electricidad renovable.

Es el caso de la gigafactoría prevista en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid), que el propio Gobierno ha apadrinado, según Ara. Ese diario apunta que podría acogerse a límites de eficiencia hídrica más flexibles que los del régimen general.

El sector busca tumbarlo en el Consejo de Estado

SpainDC, la Asociación Española de Data Centers, patronal que agrupa a empresas como AWS, Google o Microsoft, rechaza el nuevo texto. «Los requisitos son inviables y añade riesgos», advirtió en un comunicado que recoge Ara. Según ese diario, ha pedido una reunión al Consejo de Estado para encontrar «las vías regulatorias y jurídicas para tumbarlo».

La patronal, según Ara, rechaza que la vía transitoria pase por aceptar ser los primeros en sufrir un apagón, sin indemnización. Fuentes del sector citadas por la sección de noticias del portal inmobiliario Idealista van más allá: «La situación es crítica, es el peor de los escenarios». No descartan la vía judicial.

En Aragón, el presidente autonómico, Jorge Azcón, lo considera una «malísima noticia», y su consejera de Economía, Eva Valle, «un simple maquillaje», según El Mundo.

El Gobierno defiende el cambio. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, lo describió el 27 de octubre como «una propuesta ambiciosa, que ofrece una regulación anticipatoria a la vista de lo visto en otros países», según Idealista.

Quince días de plazo y unas elecciones

Con la urgencia declarada, la Ley Orgánica del Consejo de Estado le da hasta 15 días para emitir su dictamen. Después, según El Periódico de la Ingeniería, la norma pasa por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios antes de llegar al Consejo de Ministros.

Como no es un real decreto ley, no necesita pasar por el Congreso; si no llega a tiempo, la alternativa sería aprobarlo con el Gobierno en funciones, según Ara.

La página del MITECO sigue mostrando solo el borrador de agosto. Según El Periódico de la Ingeniería, hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los porcentajes, umbrales y plazos conocidos «aún pueden experimentar modificaciones».