La Casa Blanca se guarda el temario

Un marco voluntario con nombre, fecha y siete páginas

Según el índice que el Gobierno de Estados Unidos entregó el 30 de octubre, el marco existe y tiene nombre: «Voluntary AI Framework for Covered Models» (marco voluntario de IA para modelos cubiertos), un documento de Word de siete páginas fechado el 31 de julio de 2026.

Lo retiene entero por tres exenciones: la seguridad nacional, una ley de ciberseguridad que obliga a no divulgar ciertos datos y el privilegio de las comunicaciones presidenciales. Sobre este último, el índice habla de «información compartida para ayudar a formular políticas, incluidas comunicaciones de asesores presidenciales al preparar su consejo para el presidente».

La petición describía el marco con lo que se había publicado: que un cargo de la Administración había dicho que ya estaba terminado para el 1 de agosto de 2026 y que se mostró a las empresas de IA en una reunión en la Casa Blanca la primera semana de agosto. El índice fecha el documento el 31 de julio y no define qué es un «modelo cubierto» (covered model).

Al menos un laboratorio dice participar en un proceso así. Google escribió el 30 de septiembre de 2026, al presentar Gemini 4 Argon: «Participamos activamente en el proceso voluntario del Gobierno de Estados Unidos para el acceso a los modelos antes de su lanzamiento, mientras ampliamos el acceso de forma gradual». En el índice, laboratorios y modelos van sin nombre, así que no consta quiénes participan.

Protect Democracy lo pidió en agosto y lo llevó al juzgado en septiembre

Protect Democracy pidió la información el 7 de agosto de 2026 y el 1 de septiembre demandó, con una petición de medidas cautelares, a cinco organismos: la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad (ONCD, Office of the National Cyber Director), una oficina de la Casa Blanca creada por la ley de defensa del año fiscal 2021 cuyo director, nombrado por el presidente con el visto bueno del Senado, es su principal asesor en ciberseguridad; la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP) de la Casa Blanca; el Departamento de Comercio y su Oficina de Industria y Seguridad (BIS), la que controla las exportaciones, y el Departamento del Tesoro.

El caso está en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, asignado a la jueza Ana C. Reyes. La vista sobre las cautelares estaba fijada para el 22 de septiembre, pero el 15 de septiembre las partes pactaron en un informe conjunto: Protect Democracy retiraba las cautelares y acotaba la petición a cuatro puntos —el texto del marco, las condiciones para participar en «GOLD EAGLE clearinghouse», un centro de intercambio de información del que los documentos no explican más, la lista de «socios de confianza» (trusted partners) y la base legal—, y el Gobierno entregaría lo que encontrara como tarde el 30 de octubre, con una lista que justificara cada exención.

Sesenta páginas retenidas enteras

La carta llegó el último día del plazo, el viernes 30 de octubre, con membrete de la ONCD y en nombre de los cinco demandados. Según la carta, la búsqueda encontró «unas 60 páginas»; la conclusión: «Todo el material es exento. No puede entregarse ninguna información no exenta razonablemente separable». Retenidas enteras, 60 páginas en 30 documentos, y es la entrega completa del Gobierno según el acuerdo del 15 de septiembre.

El Gobierno sostiene que cualquier dato no exento está «tan inextricablemente entrelazado» con información de seguridad nacional, con datos protegidos por la ley de intercambio de información sobre ciberseguridad de 2015 (Cybersecurity Information Sharing Act), con información comercial confidencial y con comunicaciones privilegiadas que no puede separarse ninguna parte con sentido.

El índice enseña lo que existe, no lo que dice

Puesto al lado de la petición, el índice responde a tres de los cuatro puntos con documentos concretos. GOLD EAGLE no aparece en el asunto ni en la descripción de ninguno: solo se menciona al citar la petición, y el índice no explica por qué.

Los socios de confianza salen de listas de clientes

Según el índice, la lista de quién puede ver un modelo antes de que salga está en 27 correos de la ONCD fechados entre el 25 de junio y el 17 de septiembre de 2026 y en una carta del Departamento de Comercio del 26 de junio. La descripción tipo: «correo de la ONCD a un laboratorio de IA que identifica a los socios de confianza autorizados para acceder antes del lanzamiento a un modelo cubierto concreto».

En los asuntos, laboratorio y modelo se sustituyen por un genérico: «[AI Lab Covered Model] Access July 1» o «[AI Lab Covered Model] Testing & Development Partners August 13». La carta de Comercio lleva por asunto «[AI Lab Covered Model] US Entities - Approved»: entidades estadounidenses aprobadas.

La justificación es común: los socios de confianza «se derivan de listas confidenciales de clientes entregadas a la ONCD con fines de seguridad nacional», es decir, de las listas de clientes que las propias empresas dieron a la ONCD. El índice no permite saber cuántos laboratorios hay detrás ni quiénes son los socios.

Por base legal, el índice solo recoge un borrador

Para la base legal, el índice recoge un único documento: un borrador de orden ejecutiva sobre seguridad de la IA («AI Security EO Draft»), de siete páginas y fechado el 24 de mayo de 2026, con una «discusión de las competencias» entre la ONCD y la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC, Office of Legal Counsel) del Departamento de Justicia, que asesora en derecho al presidente y a todas las agencias del poder ejecutivo.

Se retiene por la exención 5, como comunicación protegida por el privilegio abogado-cliente. El índice no dice si esa orden llegó a firmarse ni si el marco se apoya en otra norma.

El 13 de noviembre, próximo paso propuesto

En el informe del 15 de septiembre, las partes propusieron presentar otro informe conjunto el 13 de noviembre de 2026, en el que fijarían «un calendario de escritos si hace falta». El informe llevaba adjunta una propuesta de orden judicial con esa fecha, sin firma. El Gobierno, por su parte, se reserva el derecho a alegar cualquier otra exención o privilegio.