España compite por una gigafactoría europea de IA

El anuncio más grande del plan es una solicitud

El 21 de septiembre de 2026, en el Complejo de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el Plan IA360, una hoja de ruta para 2026 y 2027. La medida que más ruido hizo fue la candidatura de un consorcio español a una gigafactoría europea de inteligencia artificial: 5.000 millones de euros de inversión público-privada y 100.000 aceleradores operativos en 2028 o 2029.

El verbo importa: España se presenta, no construye. El proyecto compite en una convocatoria abierta y, mientras no haya resolución, esos 5.000 millones son la cifra de una propuesta, no la de un presupuesto aprobado.

El plan no dice dónde se ubicaría ni qué empresas y administraciones forman el consorcio: dos huecos grandes en el anuncio principal. El reparto del dinero sí está, en una nota al pie del propio documento: de esos 5.000 millones, 719 son públicos.

Quien decide la gigafactoría no está en Madrid

La convocatoria se cierra el 12 de noviembre de 2026 a las cuatro de la tarde, hora central europea, y reparte hasta siete gigafactorías en toda la Unión. Hasta esa fecha no hay nada que celebrar ni que lamentar: hay una solicitud en plazo.

Si prospera, el Gobierno sitúa el inicio de la obra en febrero de 2027 y la apertura en 2028. Si no, ese calendario se va con ella.

España no parte de cero, pero sí de lejos

El propio plan sitúa el punto de partida en su página 2, y son dos cifras, no una: usa ya IA generativa el 44,2 % de la población en edad de trabajar, pero solo el 21,1 % de las empresas. La distancia entre las dos explica buena parte del plan, porque el Bono IA apunta justo al lado flojo. El dato lo toma el plan del informe «Global AI Diffusion — Q1 2026» de Microsoft, citado directamente; parte de la prensa publicó un 45,1 % para el primero.

En infraestructura sí hay algo construido: España tiene dos factorías de inteligencia artificial operativas —el BSC y el CESGA, el Centro de Supercomputación de Galicia— y una gigafactoría proyectada. La candidatura europea no abre la lista: la corona.

Lo que el plan promete con cifra y con fecha

Fuera de la gigafactoría, el plan es una lista de compromisos con plazo. El más tangible es el Bono IA: 600 millones de euros para pymes y autónomos que, según el documento, no financiará la mera suscripción a licencias y exigirá que los servicios los preste una empresa tecnológica europea. Habrá un piloto en el primer semestre de 2027 y la convocatoria general antes de que acabe ese año. El objetivo que puso Sánchez de viva voz es que más de la mitad de las empresas españolas use IA en 2030; el del PDF es otro, 25.000 empresas transformadas y multiplicar por cinco la inversión privada.

Lleva además la IA a Mi Carpeta Ciudadana —el espacio personal donde la Administración española reúne los trámites y las notificaciones de cada ciudadano— desde 2027, promete centros de datos con soberanía del dato y reforma los currículos de secundaria y de FP. La pata internacional es la Alianza Iberoamericana de la Inteligencia Artificial, que se lanza el 3 de noviembre de 2026 en el Foro Digital Iberoamericano.

El BSC es la pieza que ya está construida

La parte del plan que no depende de una convocatoria europea pasa por el BSC: el Gobierno quiere desarrollar con el centro modelos abiertos especializados en ámbitos estratégicos —defensa, energía, clima y salud— dentro de la hoja de ruta de 2026-2027.

El texto presenta además dos activos ya construidos. Uno es ALIA, que el plan define como una de las primeras familias de modelos abiertos impulsadas por un Estado: la lidera la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la coordina el BSC y su financiación es íntegramente pública. El otro es la AESIA —Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de esa misma secretaría de Estado, con sede en A Coruña y con independencia orgánica y funcional para vigilar el cumplimiento de las normas de IA—.

El contrato social llega con una factura pendiente

Sánchez anunció un Acuerdo Tripartito, una mesa del «contrato social de la IA» que convoca a los agentes sociales —patronal y sindicatos— junto a las administraciones en octubre de 2026, con mesas sectoriales y un observatorio permanente del impacto en el mercado laboral. Lo resumió en una frase: «la autorregulación no funciona».

Los sindicatos respondieron ese mismo 21 de septiembre, y no con un aplauso: piden que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo se traduzca en cotizaciones a la Seguridad Social y que la regulación sea «ética y ambiciosa», no cosmética. Ahí está el flanco abierto: el plan no dice quién paga la factura social si la adopción destruye empleo.

Del lado de las empresas, Telefónica trasladó al Gobierno en la madrugada del 22 de septiembre su interés en liderar el despliegue de la IA en España.