SpainDC ve imposible que la gigafactoría de IA cumpla el decreto

La patronal no conoce los números, pero ve que no salen

Emilio Díaz, presidente de SpainDC, sostiene en una entrevista con EFE, la agencia pública de noticias, publicada el 28 de septiembre que la gigafactoría española de IA no podrá cumplir el real decreto de centros de datos. Lo dice sin datos propios: reconoce que la asociación no conoce los parámetros de eficiencia del proyecto y que la información de la que dispone apunta a que no se ajustarían. «Parece que no se cumplen los parámetros», resume.

Según las cifras que cita Díaz, la instalación partiría de unos 150 megavatios de potencia y podría llegar a 300. Para cumplir el decreto, solo en baterías para alimentarla con renovables haría falta, según las cifras que maneja la patronal, un espacio equivalente a 40 campos de fútbol.

Aun así, Díaz defiende la infraestructura, que considera positiva para España. Lo que no comparte es el procedimiento: lamenta que no se consultara a la patronal y cree que el consorcio que presenta la candidatura, cuya composición el Plan IA360 no detalla, debería haberse abierto a más empresas de centros de datos.

Un proyecto para la red europea de computación

El Gobierno anunció la candidatura el 21 de septiembre, dentro del Plan IA360, su hoja de ruta para la IA en 2026 y 2027. De ahí el choque que señala la patronal: una política del Gobierno busca atraer una gran instalación de cálculo y otra endurece las condiciones para conectar a la red cualquier centro de datos grande.

Qué exige el texto que prepara el Gobierno

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sacó a audiencia pública el 27 de agosto de 2026 el proyecto de real decreto sobre requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de soberanía digital de los centros de datos. El plazo, previsto hasta el 4 de septiembre, se amplió hasta el 10. El texto no está aprobado.

Se aplica a los centros con 1 megavatio o más de potencia de acceso. Les pide la clase «A» de la etiqueta europea de eficiencia y, mientras esa etiqueta no exista, un PUE de 1,15 como máximo.

Lo que costaría cumplir las dos condiciones renovables

Díaz distingue entre eficiencia y origen de la energía. La primera, dice, se puede negociar si se aplica de forma gradual; la segunda, no. «Las dos cosas aisladamente son graves; juntas son imposibles», zanja. Sostiene que un centro de datos no puede garantizar que la renovable que consume se genere en la misma hora, sobre todo de noche, y el artículo 9 le exige cubrir así al menos el 80 % de cada hora.

Los cálculos del sector, que cita la propia patronal, apuntan a que cumplir a la vez la adicionalidad y la correlación horaria obligaría a instalar entre ocho y diez veces la capacidad solicitada, con plantas solares, parques eólicos y almacenamiento.

Tribunales e inversiones en juego

La patronal no descarta impugnar el decreto si se aprueba con las exigencias actuales. Díaz habla de una «debacle para la industria» y avisa de que cambiar las condiciones con proyectos en marcha daña la seguridad jurídica: «No se cambian las reglas en el descanso».

SpainDC calcula que, si el real decreto se aprueba en los términos actuales, se podrían abandonar inversiones por más de 9.000 millones de euros, y avisa de que el impacto final «será muy superior». La cifra corresponde a proyectos cuya posible retirada se ha comunicado expresamente; el 11 de septiembre la asociación la atribuyó a tres de sus socios. Es una estimación de parte.

El Gobierno defiende elegir los mejores centros

Por ahora no consta respuesta del Gobierno a la entrevista del 28 de septiembre. Su última posición pública es del 11 de septiembre: fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica dijeron a EFE que aspiran a un desarrollo «ordenado y eficiente» de los centros de datos, frente a un interés del sector concentrado en pocos territorios y con previsiones «irreales». Cifraron en más de 600 las alegaciones recibidas.

En la semana del 31 de agosto, en el encuentro de Ametic, la patronal de las empresas de la industria digital, en Santander, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, había rechazado que se planteara una moratoria: «Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores centros de datos».