Bruselas quiere desactivar los compañeros de IA para menores

Desactivados de fábrica, y sin fingir afecto

El pilar del texto que toca de lleno a la inteligencia artificial se llama seguridad por diseño, y alcanza a todos los servicios en línea que ofrezcan redes sociales, vídeo, videojuegos en línea, compañeros de IA o chatbots a usuarios menores de 18 años. No distingue entre una aplicación pensada para niños y una de adultos en la que se mete un adolescente: lo que manda es la edad de quien está al otro lado de la pantalla.

La frase que lo resume ocupa una línea en la propuesta. Los compañeros de IA y los chatbots «tienen que estar desactivados por defecto» y «no pueden simular relaciones interpersonales de forma que creen dependencia emocional». Desactivado por defecto quiere decir que la función no arranca sola: si un menor la quiere, alguien tiene que ir a encenderla.

El mismo pilar prohíbe las funciones adictivas; los recomendadores basados en perfilado que arrastran al menor por espirales de contenido dañino; el scroll infinito sin puntos de parada; los trucos de recompensa; las notificaciones que suenan en horas de sueño, y el contacto no solicitado de desconocidos.

Y cambia los valores con los que se abre una cuenta de menor: perfil privado por defecto, con geolocalización, cámara y micrófono desactivados. Los servicios tendrían que ofrecer además formas fáciles de bloquear y silenciar a otros usuarios, herramientas de gestión del tiempo y un recomendador que el propio menor pueda controlar, ajustar y reiniciar desde cero.

Qué podría hacer cada edad

El segundo pilar retrasa la entrada en las redes sociales. La propuesta prohíbe a las plataformas el acceso de los niños menores de 13 años y fija una edad mínima de 15 años en toda la Unión Europea para que un menor abra una cuenta propia. Entre medias aparece una figura nueva.

De los 13 a los 14 años el mando lo tiene el tutor: es él quien crea mini-cuentas, y el menor entra en ellas a través de la cuenta del adulto. Esas mini-cuentas han de diseñarse con salvaguardas, y el texto nombra dos: contactos sociales limitados y tiempo de pantalla limitado a un máximo de una hora al día.

Para los pequeños, de 3 a 12 años, no hay redes sociales de ninguna clase. Sí servicios de vídeo diseñados para menores, mediante cuentas que gestiona el tutor. Y hay una obligación pensada para la escena más corriente de cualquier casa, la del padre que presta su móvil: las plataformas tendrían que dar una herramienta fácil para restringir el uso del dispositivo del adulto a esos servicios cuando se lo pasa al niño, y limitar la exposición a un máximo de una hora al día.

Cómo se comprueba la edad sin entregar el DNI

Todo lo anterior depende de saber quién está delante, así que el tercer pilar obliga a los servicios en línea y a las tiendas de aplicaciones a usar herramientas de verificación de edad que preserven la privacidad. El ejemplo que cita la propia Comisión es la aplicación europea de verificación de edad, que no conserva documentos de identidad ni datos biométricos.

En redes sociales y plataformas de vídeo la comprobación se haría al abrir una cuenta nueva. Para las cuentas que ya existen —es decir, la de casi todo el mundo— el texto se conforma con estimar la edad a partir de indicios razonables, y pone dos ejemplos: la fecha de creación de la cuenta y los datos de la tarjeta de crédito.

Ahora le toca demostrarlo a la plataforma

El cuarto pilar es el que decide si lo demás se queda en papel. Hasta ahora, quien tenía que demostrar que un servicio dañaba a un menor era quien se quejaba; la propuesta invierte la carga de la prueba y la coloca sobre los proveedores de plataformas en línea de muy gran tamaño.

En la práctica, eso significa presentar un plan de cumplimiento a la Comisión y a un auditor independiente, que debe evaluar a fondo el nuevo servicio, función o funcionalidad. Si a la vista del informe del auditor la Comisión aprecia carencias en ese plan, puede exigir al proveedor que proponga medidas correctoras. Y para que el trámite no se eternice, los procedimientos son acelerados: la Comisión tendría que concluir sus investigaciones en 90 días.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lo resumió así: «Hoy nuestros hijos se relacionan con las tecnologías más sofisticadas que se han creado jamás. Tecnología que nunca se creó pensando en su bienestar. Nuestra KIDS Act invierte la carga de la prueba: son las plataformas las que tienen que demostrar que son seguras por diseño. Y volvemos a poner a los padres al volante, dándoles las herramientas para ayudar a sus hijos a moverse por un mundo digital más seguro».

De dónde sale el texto y adónde va ahora

La propuesta no nace de un despacho de Bruselas, sino de ese panel de expertos, y llega con el viento de la opinión pública a favor: según el Eurobarómetro especial sobre la Década Digital de 2026, el 92 % de los europeos considera que reforzar la protección de los menores en línea es una prioridad política máxima.

A partir de aquí, el recorrido es el de cualquier propuesta legislativa europea. El texto está en manos del Parlamento Europeo y del Consejo, que pueden aprobarlo, modificarlo o dejarlo encallado. Nada de lo descrito aquí se aplica todavía, y el propio texto no fija ninguna fecha para que empiece a aplicarse.